No resulta fácil hablar del lobby en España. Y no lo es porque, a pesar de la extensa legislación existente en la mayoría de ámbitos y sectores, en cualquiera de los tres niveles de la Administración –local, regional y estatal-, no hay todavía una sola norma, precepto o disposición que defina esta actividad ni su marco deontológico. Una realidad que no se explica sólo por la corta experiencia democrática del Estado Español, ya que, en el resto de Europa, sobre todo en los cuatro grandes -Alemania, Francia, Italia y Reino Unido-, hay una evidente falta de acervo legislativo sobre la materia.

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